En principio, una instrucción simple, de pocas hojas y nada de voluntad de llevar adelante una investigación por los extremos, asesinatos y tropelías, cometidas por militares de las tres Fuerzas, durante la última dictadura cívico militar.
A
medida que se producían cambios en el país y se avizoraba la posibilidad de una
salida electoral, las cosas respecto de esa instrucción también se iban
modificando. Ya venía anticipando Raúl Alfonsín, líder de la UCR y candidato
elegible en caso de concretarse medida tan ansiada, cuáles serían sus pasos al
llegar a la máxima magistratura.
El 30 de octubre, en medio de una sensación de liberación, compartida por la ciudadanía de todos los signos partidarios, con una algarabía indescriptible fuimos a votar. El triunfo de Alfonsín indicaba con claridad un camino a seguir que se concretaría el 10 de diciembre, fecha elegida por él para asumir el gobierno.
Llegó y cumplió.
El
consejo Supremo de las Fuerzas Armadas, tenía en su poder la instrucción de la
Causa 13, que sostenía por conveniencia y sin justificación, una demora que el
gobierno constitucional recién asumido, consideró inaceptable. Estos solo habían
indagado y dictado prisión preventiva a Emilio Massera. El Congreso de la
Nación sancionó la ley 23049 de reforma del Código de Justicia Militar.
Así,
el 22 de abril de 1985 se iniciaba la primera audiencia en Tribunales civiles.
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“Señores jueces: ”La comunidad argentina en particular, pero
también la conciencia jurídica universal me han encomendado la augusta misión
de presentarme ante ustedes para reclamar justicia”. Así comenzaba la acusación
el fiscal J. Strassera.
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Meses
antes, setiembre de 1984 la CONADEP había entregado su histórico informe.
Traspaso que concretaron Ernesto Sábato rodeado de los demás integrantes y
recibiera Raúl Alfonsin acompañado por Eduardo Rabossi, Secretario de Derechos
Humanos y otros funcionarios del Gobierno radical.
La
ciudadanía había reclamado juicios civiles y el gobierno radical cumplió con el
mandato popular.
El
Fiscal Julio Cesar Strassera, el 18 de setiembre de 1985 exclamaría en sus
palabras finales “Señores Jueces, NUNCA MAS”, en el juicio desarrollado sobre
privación ilegal de libertad, torturas y homicidios, a través de un sistema
ilícito de represión que buscaba también la impunidad de esos delitos.
Los
Jueces León Arslanián, Jorge Torlasco, Ricardo Gil Lavedra, Guillermo Ledesma,
Jorge Valerga Aráoz y Andrés D´Alessio—integrantes del Tribunal que dictó la
sentencia hecha pública el 9 de diciembre de 1985 y que se basó en 709 casos
concretos, presentados en el Juicio a las Juntas.
Memoria,
Verdad y Justicia.
Por Lucia Alberti
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