En Lambaré, Paraguay, el abogado Martín Almada encuentra los llamados “Archivos del Terror”, los documentos que muestran la implicación de la dictadura de Alfredo Stroessner en la Operación Cóndor, la red represiva forma por los regímenes militares del Cono Sur en los 70. Los legajos aparecen en una comisaría, en un allanamiento que dispone un juez por pedido de Almada, antiguo preso político de Stroessner. Su primera mujer murió de un infarto cuando le hicieron escuchar por teléfono las torturas a las que era sometido. Los archivos incluyen fichas de detenidos, informes confidenciales y pedidos de búsqueda; y han servido para causas de violaciones a los derechos humanos.
Martín Almada es paraguayo. Se presenta como maestro y experto en educación, aunque también es abogado. Fue director de una escuela en las afueras de Asunción en la década de 1970, donde se enseñaba con el método de Paulo Freire, el pedagogo progresista brasileño. También luchó sindicalmente por mejores salarios y casas dignas para sus compañeros maestros. Por eso fue acusado de comunista y “terrorista intelectual”, encarcelado y torturado por más de tres años en distintos centros de su país. Pero al cabo de más de 15 años de investigaciones, logró descubrir dónde estaban los archivos secretos de la represión durante la dictadura de Alfredo Stroessner. Siempre quiso saber dos cosas: como murió su esposa cuando él estaba adentro y por qué había torturadores extranjeros en su país.
Almada tiene una memoria prodigiosa. Contó que, como provenía de una familia de “colorados” –el partido nacionalista de Stroessner– y todo hacía suponer que por venir de esa familia, él también era colorado, a un cierto punto el ministro de Educación lo convocó y le hizo una advertencia muy dura: nada de enseñar Paulo Freire porque era comunista ni de pedir aumentos de salarios y abandone la cooperativa para construir las casas de los maestros. Si no, terminará muy mal. “Es la última oportunidad que le damos”, le dijo. Muy ingenuamente él había pensado que había sido convocado para recibir una promoción importante. Por eso se compró una corbata, una camisa y zapatos de charol como se usaban entonces, y se presentó en el ministerio.. “Y yo que me había gastado casi seis meses de sueldo en la ropa nueva”, dijo riéndose de su ingenuidad. Salió asustado y se fue a varias embajadas latinoamericanas en busca de becas para estudiar. Así consiguió que lo aceptara la Universidad de La Plata para hacer un doctorado en Educación. Allí estuvo dos años. Cuando le presentó el material para su tesis “Paraguay, educación y dependencia” al profesor que lo dirigiría, material oficial que había conseguido en el Ministerio de Educación de Paraguay, había un documento que él no había entendido muy bien y que era de la CIA estadounidense. “No decía ‘top secret’ ni nada por el estilo. Se trataba de un cuestionario de espionaje sociopolítico que el Pentágono y la CIA habían pedido a la Universidad de Washington. Lo quisieron aplicar primero en Chile en los años 60-65. Pero el Chile del presidente Frei se opuso. Entonces lo aplicaron en Paraguay”, contó.
“Un día estaba por los pasillos de la facultad en La Plata y me encontré con un militar, de civil, que conocí en Paraguay porque un instituto para el que él trabajaba tenía relaciones con la escuela que yo dirigía. ‘Buenos días mi coronel’, le dije. Y él me contestó que ahora era el secretario técnico del rector de la universidad, el mayor Guillermo Gallo. Después del descubrimiento del archivo me di cuenta que en realidad él estaba confeccionando la lista de los subversivos y en esa lista estaba yo”.
Almada defendió su tesis en agosto de 1974 y se recibió de Doctor en Educación. Entonces volvió a su país. El 26 de noviembre a las tres de la tarde, un coche Chevrolet se detuvo frente a la escuela donde trabajaba. El estaba en ese momento con su mujer, sus tres hijos y un sobrino, Lorenzo Lidio Jara, llegado de la Argentina. Se lo llevaron a él y a su sobrino. “Encontrar un argentino en Paraguay en ese momento, para ellos era sospechoso. Paraguay tenía una particularidad: a diferencia de Argentina, la tortura se empezaban en centros móviles, una suerte de camionetas cerradas, como casas rodantes, preparadas especialmente para torturar. Y las llamaban Caperucita Roja, porque eran rojas. En realidad era una suerte de pre tortura a golpes, el ablandamiento. Me llevaron a Asunción, a la policía secreta, donde me recibieron militares de Brasil, Argentina, Bolivia, Chile, Uruguay y Paraguay. Parecía un tribunal. Yo llegué todo aturdido. A mi sobrino lo llevaron a otro lado y le arrancaron un ojo. Los militares estaban elegantemente vestidos, los reconocí por su acento. Primero me interrogó un coronel chileno, luego supe que era Jorge Oteiza López, después el comisario argentino Héctor García Rey de Córdoba. Durante 30 días me interrogaron y torturaron y mis gritos y lamentos se los hacían escuchar a mi esposa por teléfono”, contó. Al cabo de ese mes, le mandaron su ropa ensangrentada a su esposa, diciéndole que el “educador subversivo había muerto” y que fuera a retirar el cadáver. La esposa tuvo entonces un infarto y murió el 5 de diciembre de 1974. A él le dijeron que se había suicidado. “Pero yo sabía que no podía ser verdad”.
Después lo trasladaron al edificio de Interpol (International Criminal Police Organization, una organización multinacional de policía que todavía existe). Allí apareció un día un comisario detenido, Mario Mancuello porque su hijo, que estudiaba ingeniería en Argentina, formaba parte del centro de estudiantes. A ese edificio de Interpol venían los sábados policías y militares a jugar al ping pong y al fútbol de salón. Y cuando entraban y ellos podían verlos, él le preguntaba a Mancuello: “Quien es ese, como se llama, cual es su cargo” y así memorizó numerosos nombres. Fue Mancuello el que le sugirió también para saber más, que leyera la revista de la Policía, una revista que se publicaba desde los años 45 posiblemente y donde aparecían los nombres, los grados, los logros, los ascensos y las fotos de los policías. A él le preguntó también por qué lo habían torturado e interrogado militares extranjeros y él le dijo: “Es que estamos en la guerra del Cóndor”. “Fue la primera vez que escuché hablar del Cóndor. Era diciembre de 1974, casi seis meses antes de que se oficializara el plan Cóndor” coordinado entre los países del cono sur para la eliminación de opositores políticos, contó. Y agregó: “Yo sé de la responsabilidad de Interpol no sólo porque estuve ahí dentro sino porque tengo documentos que lo atestiguan”.
Más tarde lo pasaron a otro centro de detención conocido como Sepulcro de los Vivos, donde conoció a otro detenido, el argentino Amílcar Santucho, abogado y hermano del dirigente del ERP, Mario Roberto Santucho. Gracias a Amnesty International y al Comité Interiglesias, Almada salió en libertad en 1977. Pero pocos meses después lo volvieron a arrestar y lo mandaron a La Técnica, otro centro de detención y de tortura en el corazón de Asunción, que era de la CIA, asegura, y que hoy es el Museo de las Memorias. Cuando consiguió la libertad vigilada –lo dejaban salir de las siete de la mañana hasta las siete de la tarde– se escapó y pidió asilo en la embajada de Panamá. Torrijos, que era entonces el presidente, tomó contacto con Naciones Unidas y con la Unesco y esta organización lo invitó a colaborar con ellos. Se fue a París, donde vivió hasta 1989.
Allí conoció al jesuita Charles Antoine y juntos investigaron para saber más sobre el Cóndor y dónde podían estar los archivos secretos de la dictadura. “Siguiendo la revista de la policía, con el jesuita llegamos a la conclusión de que había tres lugares posibles para esconder el archivo de la represión, que nosotros llamamos el Nido del Cóndor. Una tarde fuimos a un lugar que el cura me señaló. Había una abuela en la calle y me dice, ‘¿usted es Martín Almada el maestro combatiente?’. Le digo que sí y me abraza. Pero después cambia de actitud. ‘Ah, ustedes los que se fueron ahora vuelven como héroes y nosotros acá sufriendo`. Y me contó que esa propiedad era de ella y que un día vino la policía secreta y se la quiso comprar por un precio regalado. La abuela le dijo que no y entonces se llevaron a su hijo acusándolo de comunista. Terminó negociando la vida del hijo por el terreno. Y después que me dijo eso comenzó a llorar y agregó: ‘Maestro cuando hay truenos y relámpagos, no se acerque al lugar. Por que lloran los argentinos, lloran los chilenos, los brasileños’. Y le pregunté, ‘están ahí?’ ‘No, están sus almas’, me respondió”. Pero no sólo la abuela lloraba. Cuando durante la entrevista contaba esto, los ojos de Almada también se llenaron de lágrimas.
Como abogado y ayudado por colegas, Almada pidió a la justicia que allanara el lugar donde ahora funciona una comisaría. El 22 de diciembre de 1992, a las 11 de la mañana, entró al edifico con un juez y encontraron más de tres toneladas de documentos. Unas 700.000 hojas. “Tuve miedo de que llegara la policía o el ejército y se llevara todo. Fue una explosión de memoria y lloré mucho. Después de años de investigaciones tal vez podía encontrar respuesta a mis preguntas. Intenté buscar el cassette que le hacían escuchar a mi mujer pero no lo conseguí. Era demasiada información. Recorrimos todas las embajadas latinoamericanas pidiendo ayuda para poder organizar el archivo. Ningún país nos ayudó. Otro país al que no habíamos pedido ayuda curiosamente, Estados Unidos, se ofreció. Yo tenía la herida abierta y que venga mi enemigo a ofrecerm eso, obviamente el dijimos que no. Pero la Corte Suprema firmó un acuerdo con Usaid (Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional).
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